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Reclaman familiares de desaparecidos atención



Familiares de desaparecidos exigieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconsidere sus nuevas normas de operación y establezca lineamientos que atienda sus necesidades.

“Hoy la CEAV nos intenta o quiere revictimizar imponiéndonos un reglamento interno que solamente impide que nosotros retomemos nuestro proyecto de vida”, dijo Angelina Almeida, esposa de Joel Sebastián Cancino, torturado y asesinado tras ser detenido por elementos de la Secretaría de Marina en julio de 2015.

Como ella, alrededor de 80 familiares de personas desaparecidas se manifestaron para exigir que los atiendan hoy mismo para poder explicar su inconformidad sobre los lineamientos publicados por dicho organismo.

Según explicó Almeida, la CEAV les exige desde ayer facturas para justificar los gastos de las ayudas que reciben como víctimas indirectas, algo que, dijo, no es posible para muchos. “Cuando las compañeras salen a búsqueda en el monte o en los cerros no hay forma de facturar en esas zonas”, explicó.

Además, consideraron que el reglamento publicado por la institución no es preciso y resulta incongruente para “cualquiera que viva nuestro día a día”. 

“La institución debería defender nuestros derechos como víctimas, pero nos quiere obligar a una facturación a nombre de la CEAV cuando nosotros no somos servidores públicos de la CEAV. No es que no queramos un reglamento, lo que necesitamos es que el lineamiento se ajuste a nuestras necesidades”, sentenció y aseguró que la ley general de víctimas es muy clara y que las directrices deben ser elaboradas a favor de las víctimas, no a conveniencia de la institución.

Ayer, el Gobierno federal informó de un acumulado de 85 mil 006 reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha.

“Preocupante”, casos de mujeres sin paradero

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que del total de desparecidos en México, 24.8% corresponde a personas del sexo femenino, y de éstas, más de la mitad (55.56%) son menores de edad, lo cual podría ser a consecuencia de la trata de personas. “Es un dato que debe de preocuparnos”, sentenció el funcionario federal.

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